domingo, 17 de junio de 2012

Confrontación entre el modelo político y el económico.


En el artículo anterior  escribíamos sobre el cambio del modelo económico vertical tradicional a un ensayo horizontal y hacíamos notar los efectos del sistema control sobre las variables de la economía y la política.
Lo que en aquel momento se podía predecir sucedió tal cual lo expresamos, no nos manejamos en términos absolutos, porque desconocíamos todos los factores concurrentes a la nueva administración, pero se manifestó tal cuál lo dijimos, en el alza del dólar, suba de la inflación y endeudamiento de los núcleos familiares con centros financieros.
El problema no puede atribuirse exclusivamente a una mala gestión, sino a la falta de visión estratégica de tratar de integrarse a un modelo global en forma individual, desconociendo todos los principios de la ciencia política.
Como conclusión establecimos la intención general del gobierno de cambiar el índice de referencia del PIB (Producto Bruto Interno) al BEN ( Bienestar Económico Nacional), ahora planteemos la situación hasta el presente.
Este cambio no fue absoluto, ni siquiera armónico con la doctrina económica vigente, se creó un modelo mixto en que en parte de la estratificación social que participa en la producción se legisló en forma horizontal, mientras el sector industrial mantuvo su estructura vertical manejando la materia prima.
El resultado está a la vista, se presenta el dilema de adaptar la conducción económica al modelo político o cambiar el modelo político para conciliar la doctrina con la praxis, y el momento ha llegado y lo peor es que dilatarlo llevará directamente a un conflicto social de envergadura.
Cuando una nueva administración se hace cargo, de acuerdo a su plan de gobierno formula el presupuesto General de la Nación para el período que dure el mismo, o sea que traduce los planes aceptados por la ciudadanía en su propuesta electoral en presupuestos.
En este modelo de hacienda anualmente hay un control que se efectúa por parte de los legisladores que es la rendición de cuentas y balance presupuestal, pensado por la necesidad de efectuar ajustes para reforzar rubros de acuerdo a las variaciones del sistema financiero y necesidades sociales cuyo comportamiento es muy lábil.
La rendición de cuentas es una ley presupuestal y constitucionalmente, la única norma por la cual pueden disponerse asignaciones inclusive para retribuciones personales.
Ahora bien, en la próxima rendición de cuentas se da el contrasentido que hay una confrontación entre el modelo económico y el político, ya que el presupuesto se formuló sobre la base de una estructura vertical impuesta por el sistema financiero internacional, y se debe rendir cuentas sobre recursos distribuidos en forma horizontal, en el que participan préstamos exteriores no respaldados por deuda pública.
Por deuda pública entendemos las obligaciones que terceros tienen con el estado por cualquier concepto y representan el respaldo de la moneda, hoy en riesgo de entrar en atraso cambiario lo que de suceder en el corto plazo afectaría la estructura vertical y los capitales de retorno, el camino más directo al endeudamiento nacional.
Los referentes de la economía horizontal en la puerta de la rendición de cuentas son el trabajo, la seguridad, la enseñanza, la vivienda, la salud, y la intercomunicación como argumento de cohesión social.
En cuanto al trabajo se manejan índices de crecimiento, ocupación y demanda sin considerar el ingreso, en períodos comparativos que favorezcan una ecuación favorable.
La seguridad es un tema central donde mayor presencia la influencia del poder exterior que ya ha radicado intereses en el país, por el cual pasan las vías de distribución, convirtiendo a Uruguay en un nudo de Comunicación muy favorable fundamentalmente por falta de legislación adecuada.
En la enseñanza hubo un desacierto, nuestro país fue mal calificado en el marco regional por el índice PISA emitido por la ONU, cuando en lo nacional se hablaba de los avances en esta materia ante lo cual el ministerio correspondiente efectuó declaraciones expresando que no era una medida que reflejara la realidad y que iba a promover un índice regional que marcara los avances en un marco lógico y democrático.
De inmediato la secretaría de la ONU consultó al Poder Ejecutivo si lo manifestado a nivel ministerial era la posición de Uruguay y comunicó que hasta que no se aclarara la situación los préstamos internacionales de ese organismo a nuestro país estaban cortados.
Actuó la diplomacia y aparentemente se solucionó el problema, pero restablecer el sistema es un proceso lento, que insume inspecciones, controles, etc. y el resultado de la esfinanciación está a la vista.
Lo misma desestructuración sucede en salud y vivienda, donde más allá de los anuncios no hay un plan integrado que de origen a programas serios, consecuencia de derogar los principios de la administración sin normas alternativas.
Las señales de lo que está ocurriendo aparecen en los medios en donde anuncios de todo tipo hacen perder la vista la realidad nacional y el mismo poder del estado que promueve la privatización mixta, fomenta la autogestión mientras que reconoce serias deficiencias en la organización pública.
La cohesión social es consecuencia fundamentalmente de la comunicación, es decir de los canales que se les da a la información y en este aspecto debemos tener cuidado al efectuar afirmaciones porque se está formulando un proyecto de regulación de difusión que aún no hemos estudiado, por lo cual nos abstenemos de emitir opinión.
De esa forma llegamos a la rendición de cuentas de un presupuesto hecho en base a programas que no coinciden con las áreas de inversión de donde emergen los resultados en momentos que estamos comprometiendo el sector industrial donde están los capitales extranjeros con la movilidad de variables que no podemos controlar.
De algo estamos seguros vamos a llegar con todos los sectores involucrados en conflicto, pero no descartamos que esa situación lleve por contraste y presión exterior a tomar medidas que racionalicen la cada vez más deteriorada y diversificada administración del país.

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